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Reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.

El Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contempla algunas de las medidas de regeneración democrática.

OBJETIVOS

  1. Agilizar la justicia penal para que “no haya ninguna sensación de impunidad” y los tiempos de tramitación sean “razonables y suficientes” para dictar una sentencia.
  2. Recuperar “aquello que el corrupto o el sentenciado haya podido detraer del dinero público o de lo que haya podido beneficiarse en su actividad delictiva”.
  3. Mejorar la agilidad y la eficiencia del sistema procesal penal; reforzar las garantías procesales; establecer un marco normativo para la investigación tecnológica; generalizar la segunda instancia penal y establecer un procedimiento de decomiso autónomo para luchar contra la corrupción y el crimen organizado.
  4. Acceso libre para agilizar el proceso penal, se modifican las reglas de conexidad que conducen con frecuencia a la acumulación de procesos por distintos delitos, lo cual dilata su resolución. Se dictarán sentencias en plazos mucho más cortos.
  5. Los atestados policiales sin autor conocido no se enviarán a los juzgados, sino que se tramitarán con carácter administrativo hasta que se detenga al responsable, en cuyo caso sí tendrán un tratamiento judicial.
  6. Los asuntos sencillos tendrán un plazo máximo ordinario de instrucción de 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. Para las investigaciones complejas, el plazo será de 18 meses, prorrogable hasta otro plazo máximo similar cuando haya causas que lo justifiquen. se amplían los juicios rápidos a asuntos de tramitación sencilla, como los hurtos, amenazas leves o conducir en estado de embriaguez.
  7. Se reduce la carga de los jueces y los fiscales para que se dediquen a la instrucción de las causas especialmente complejas”.
  8. Refuerza el derecho, ya existente, a asistencia letrada que, entre otras cosas, “garantiza la confidencialidad entre el detenido o el imputado y su abogado”.
  9. La norma regula la interceptación de las comunicaciones telefónicas, la grabación de conversaciones orales o imágenes, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y el registro de dispositivos de almacenamiento de datos.
  10. Se pretende dotar a los jueces, fiscales y fuerzas de seguridad de herramientas para la investigación de una delincuencia de alta complejidad. Este tipo de medidas requerirá autorización judicial y responderá a los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad y proporcionalidad”, ha aclarado el ministro.
  11. El texto también regula la segunda instancia penal. La norma “incluye nuevas formas de decomiso para dotarnos de herramientas más eficaces en la lucha contra la corrupción”.
  12. Crea un procedimiento de decomiso autónomo y recuperación de activos procedentes de actividades delictivas, así como una oficina de recuperación y gestión de activos derivados de la práctica de delitos.

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