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El Gobierno presenta la futura Ley de Seguridad Ciudadana

Anteproyecto del Consejo de Ministros, que actualizará la normativa vigente desde 1992.

NOVEDADES QUE SE PROPONEN

  1. Actualizar y mejorar el marco jurídico que regula esta materia con el doble objetivo de garantizar las libertades públicas y responder de manera más eficaz a nuevas conductas que constituyen amenazas para la seguridad ciudadana.
  2. Considerar que la respuesta más apropiada a ciertos comportamientos antijurídicos y antisociales no es el Código Penal sino sanciones administrativas.
  3. Definir el concepto de seguridad ciudadana con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y se enumeran los fines y los principios rectores que deben presidir cualquier intervención pública en esta materia. Singularmente el principio de proporcionalidad, de forma que al delimitar estos fines y estos principios el texto gana en garantías
  4. Para la  identificación de personas, registros, cacheos y restricción del tránsito en vías públicas, el nuevo texto incrementa las garantías con respecto a la ley vigente, reduce el ámbito de discrecionalidad administrativa y será más garantista en la defensa de las libertades individuales.
  5. Principio de responsabilidad solidaria de los padres, tutores, o guardadores legales por los daños o perjuicios ocasionados por los menores de edad a su cargo. No son responsables solidarios de las eventuales sanciones que se les impongan por los actos que cometan los menores sino responsables solidarios por los daños o perjuicios que esas conductas comporten.
  6. Las sanciones persiguen un único objetivo: erradicar la violencia, los comportamientos incívicos y el vandalismo, permitiendo diferenciar nítidamente lo que es el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, como son el derecho a reunión, manifestación, información y libertad de expresión, de otras conductas violentas”.
  7. Garantizar el derecho fundamental de manifestación con el único requisito de su comunicación previa a las delegaciones del Gobierno  tal y como se hace en la ley vigente. El mero incumplimiento de ese requisito llevará aparejado una sanción leve. De manera que sólo serán los comportamientos violentos los que serán sancionados como infracciones graves. Esta regulación parece más justa y proporcionada.
  8.  Definir las infracciones graves como  aquellas conductas que causen desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos, así como la provocación de incendios en las vías públicas cuando representen un peligro para las personas o bienes y no sean constitutivas de delito. También lo serán las ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, cuando no sean delitos.
  9. Incluir como nueva infracción grave el ofrecimiento, solicitud, negociación o aceptación de los servicios sexuales en zonas públicas próximas a lugares destinados a menores o donde supongan un riesgo para la seguridad vial.
  10. Considerar como   infracción grave los daños o deslucimiento de bienes e inmuebles de uso público, así como la obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos y otros objetos con la finalidad de perturbar gravemente la seguridad ciudadana.
  11. Contemplar como  infracción leve las amenazas, coacciones, injurias o vejaciones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como el uso de imágenes o datos personales o profesionales de los mismos cuando estas conductas no sean constitutivas de delito, sin menoscabo del derecho constitucional a la información.

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