Anteproyecto de la Ley de Jurisdicción Voluntaria

Novedades  y objetivos

1. Simplificar y agilizar los procedimiento judiciales en asuntos en los que no  hay controversia. Liberar a los jueces de tareas que serán asumidas por el secretario judicial, lo que contribuirá a descongestionar la Administración de Justicia.
2. Todas las materias que tienen como objetivo garantizar los derechos fundamentales estarán reservadas al juez, así como las que afecten a los derechos de los menores y de la familia. Se potencia la figura del secretario judicial, que asumirá, entre otros, los expedientes en materia mercantil.
3. A  los notarios  se les encomiendan numerosos expedientes de carácter sucesorio y de subastas voluntarias. Los registradores asumen nuevas funciones sobre todo en materia mercantil y de sociedades, como la convocatoria de la junta general de sociedades o el nombramiento de auditores para el examen de cuentas.
4. El Ministerio Fiscal intervendrá cuando en el procedimiento haya menores y personas con capacidad judicialmente complementada.
5. Se reducen  los expedientes que hasta ahora tenían que ser tramitados por los ciudadanos con abogado y procurador.
6. Se eleva la edad mínima para contraer matrimonio desde los 14 hasta los 16 años: Es una propuesta en defensa de las menores y establece un criterio homogéneo con el que rige en la inmensa mayoría de las legislaciones de la Unión Europea.
7. Posibilidad de que los notarios celebren matrimonios función que va a contribuir de una forma muy importante a agilizar las listas de espera, ciertamente altas, que ahora existen en el Registro Civil.
8. En los casos en los que no existan menores ni personas con capacidad judicial complementada y exista mutuo acuerdo entre los dos cónyuges, el divorcio podrá ser tramitado ante notario.
9. Las personas que podían acogerse al beneficio de justicia gratuita seguirán teniendo este derecho ante los operadores jurídicos -secretarios, notarios o registradores- que sustituyan al juez.
10. 10.  Si el ciudadano celebra una boda ante el encargado del Registro Civil el servicio seguirá siendo gratuito; si lo hace ante el Ayuntamiento el precio estará fijado por el mismo y si lo hace ante el notario costará 95 euros.